Recientemente, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) aseveró que México posee un sistema de educación superior público, sumamente fragmentado, particularmente debido a la insuficiente cobertura y calidad, ligado con la escasa conexión entre la oferta formativa y las necesidades del mercado laboral. Dicho escenario advierte riesgos que deben considerarse, particularmente anticipando que revertir dicha situación a mediano plazo, no es factible.
Si bien, actualmente, más de la mitad de las empresas reporta dificultades para cubrir las vacantes en sus puestos de trabajo, el riesgo que se avecina es el incremento de dicha cifra, aunado al crecimiento de la economía informal, lo cual, encarecerá el número de candidatos con un perfil adecuado para dar respuesta a las necesidades de mercado laboral que demandan las empresas.
Es decir, uno de cada dos egresados trabaja en un empleo que no requiere educación superior y una de cada cuatro personas en edad productiva, trabajan en la economía informal, la oferta del volumen de perfiles de los cuáles pueden echar mano la empresa, es muy reducido y se reduce más, con el necesario filtro que separa a los buenos de los malos perfiles.
Otro factor que progresivamente, ha ido frustrando la profesionalización de los jóvenes, es el incremento de la tasa de desempleo para un mismo grupo de edad, en donde, los egresados de educación superior tienen un 5.7% de desempleo, ante trabajadores que tienen estudios de educación media superior con un 4.4% de desempleo.
En el caso de las mujeres, las circunstancias les son particularmente desfavorables en el campo del empleo, actualmente el número de mujeres egresadas con estudios universitarios sobrepasa al número de hombres, pero su tasa de empleo, se encuentra 14 puntos por debajo de la de los hombres, esta disparidad mexicana, es calificada como una de las brechas de empleo más altas de los países miembros de la OCDE. De igual modo el origen étnico limita el acceso a los estudios universitarios, pues el último dato de hace cinco años señala que el 6.6% de los indígenas tenía estudios superiores en contraste con más del 20% de personas sin ascendencia indígena con dicha formación.
No es una novedad, que este último informe de la OCDE ratifique que en nuestro país cerca del 35.1% de egresados corresponden al campo de la administración y el derecho, mientras que solo el 8% de egresados corresponden a las ingenierías, cuando la demanda laboral para que el país se sume a la tendencia mundial de la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías, requiere egresados con conocimientos de robótica, inteligencia artificial, el internet de las cosas, nanotecnologías y manejo de macrodatos, teniendo en la actualidad las áreas de mayor demanda en el sector automotriz, desarrollo industrial, aeronáutica, petróleos y gas.
Se estima que, para los próximos cinco años, el déficit de ingenieros en nuestro país será de 20 mil según la SEP (Secretaría de Educación Pública), dificultando la necesaria adopción de la industria 4.0 o manufactura avanzada, lo cual nos puede dejar fuera del proceso de reindustrialización a la cual se irán sumando progresivamente las naciones desarrolladas, automatizando, sin la intervención humana, procesos dentro de las cadenas de producción de la Pymes manufactureras.
Hoy México es la quinceava economía a nivel mundial, la adopción de la digitalización e industria 4.0, le daría al país el potencial de convertirse hasta en la quinta economía a nivel mundial para el 2050 y así sortear la desaceleración económica.
En conclusión, de manera colaborativa, universidades y empresas, tienen la tarea obligada de migrar hacia la innovación, para crear nuevos modelos de negocio con alto potencial y generar diferentes formas de trabajo, lo cual, sin duda representa un desafío que debe resolverse pronto, si anhelamos un país que genere empleos y crezca con una economía fuerte.
Yoani Rodríguez
@yoanirv
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