Las tecnologías de la información son herramientas que se han introducido paulatinamente a nuestra vida diaria, siendo impensable concebir nuestra sociedad actual sin ellas. Estos avances tecnológicos cobran relevancia en el aspecto tributario en virtud de que las autoridades hacendarias se han allegado de tales herramientas para lograr de manera ágil la supervisión y fiscalización y desde luego la obtención de mayores recursos para financiar el gasto público, de tal manera que se han incorporado al aspecto tributario herramientas tecnológicas como la firma electrónica avanzada o e-firma que sustituye a la firma autógrafa, el buzón tributario que facilita la notificas de actos, los certificados de sellos digital, y los comprobantes fiscales digitales que dejan en el pasado al comprobante fiscal en papel, tales cambios que resultan sumamente importantes de conocer, por todas las consecuencias jurídicas que de esto se derivan. Si bien, en materia jurídica es sumamente importante mantenerse actualizado respecto de las constantes modificaciones que presentan las diversas leyes, es en la materia tributaria donde se ve un mayor dinamismo y es precisamente por eso que los expertos en la materia nos vemos en la necesidad y compromiso de realizar el estudio de las mismas bajo una óptica multidisciplinaria y la convergencia de diversas profesiones y áreas del conocimiento como son; jurídico, contable, económico y financiero, para que de esta forma se pueda obtener las mejores soluciones en favor de los contribuyentes que recurrentemente se encuentran vulnerables frente a un marco jurídico hacendario confuso, agresivo y que se sostiene en una delgada línea entre lo ilegal y lo inconstitucional tal y como acontece en este año nuevo 2022 en donde los cambios a las leyes fiscales vienen a otorgar mayores facultades a las autoridades para ejercer diversos actos de autoridad que trascienden y por ende afectan la esfera jurídica del contribuyente, y que a saber son:
• Negar la expedición de la firma electrónica.
• Restringir el uso del certificado digital para los contribuyentes que hayan dado efectos fiscales a comprobantes expedidos por algún contribuyente que aparezca en el listado de aquellos que presuntamente realizan operaciones inexistentes o simuladas y que no hayan presentado pruebas, aclarado, o regularizado su situación fiscal (pagado).
• Cancelar el certificado de sello digital para aquellos contribuyentes que presenten inconsistencias en su contabilidad o entre los ingresos declarados y lo pagados.
• Regresa la obligación de dictaminar estados financieros para contribuyentes específicos con muy altos ingresos, pero ese regreso lo hace con gravísimas consecuencias administrativas y penales para los profesionistas (contadores públicos) que realicen esa actividad.
• Se conceden nuevas facultades a las autoridades fiscales para la práctica de avalúos, determinar la simulación de actos jurídicos, así como para realizar embargos por buzón tributario y estrados. Por todo lo anterior se concluye que la reforma fiscal 2022 constriñe al contribuyente a estar informado de dichos cambios, al pendiente de su buzón tributario que es el medio de comunicación por excelencia entre el contribuyente y la autoridad fiscal, así también tener presente que con las herramientas tecnológicas con que cuenta la autoridad fiscal, esta puede impedir la expedición de comprobantes fiscales a través de la restricción o cancelación de su certificado de sello digital o incluso embargarle bienes de su propiedad sin siquiera tener que avisarle en su domicilio puesto que el embargo se puede realizar de manera electrónica, siendo no menos importante el indagar respecto de los prestadores de servicios con los que se pretende contratar y que estos no se encuentren publicados en las listas negras con que cuentan las autoridades fiscales respecto de contribuyentes que presuntamente realizan operaciones inexistentes o simuladas y desde luego allegarse de expertos tributaristas como lo es el corporativo MRCI MANEJO DE RECURSOS Y CONTROLES INTELIGENTES S.A. DE C.V que cuenta con un grupo multi disciplinario de expertos tributaristas capaces de brindarle soluciones empresariales que optimicen el pago de sus contribuciones.
Pedro Lozano
Director Jurídico del Corporativo MRCI
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